República de Colombia
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Boletín de prensa 8 de septiembre de 2011
EL TIEMPO
CABEZA DE ESCÁNDALO DE DRAGACOL, REGINALDO BRAY, VOLVERÁ A PRISIÓN
Reginaldo Bray, empresario condenado por el delito de peculado por apropiación.
Corte Constitucional dejó sin efectos la decisión de un juez que por tutela suspendió la condena.
El empresario Reginaldo Bray Bohórquez, condenado por el delito de peculado por apropiación durante su gestión como dueño y representante legal de la empresa Dragacol, había quedado en libertad gracias a un fallo de tutela.
Un juez de Cartagena determinó que la forma en la que la Corte ordenó notificar su decisión violó el debido proceso de Bray, pues se hizo cuando la justicia había entrado en vacancia judicial.
El caso llevaba más de una década en los estrados judiciales y su prescripción estaba cerca. Bray había sido encontrado responsable por una conciliación irregular con el Ministerio de Transporte y logró el pago de 17 mil millones de pesos de 26.000 que reclamaba.
La defensa del ex contratista del Estado argumentaba que se le negó el derecho al debido proceso y la defensa, pero la Corte consideró que esos alegatos presentaban graves deficiencias lógicas, ofrecían "una apreciación personal de la prueba" y graves errores de postulación".
Con esa decisión quedó en firme la condena por el delito de peculado por apropiación. También quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos por seis años y se estableció que debía pagar una multa de 50 salarios mínimos.
La sentencia de la Corte se produjo el viernes 17 de diciembre, un día antes de iniciarse el periodo de vacaciones de los servidores de la justicia. Ante la necesidad de notificar la sentencia, los magistrados extendieron el servicio de secretaría hasta el 20 de diciembre.
Esta resolución de la Corte, a juicio del juez de Cartagena fue irregular, lo que a su criterio invalidaba no solo la notificación del fallo de la Corte sino también la orden de captura que había emitido el Tribunal Superior de Bogotá seis años antes.
AVIVATOS ESTÁN BUSCANDO PROVECHO CON LA LEY DE VÍCTIMAS
Prenden alarmas por mafias que buscan sacar provecho de la nueva ley.
Desde mediados de agosto, por varios sectores de Valledupar empezaron a circular volantes que ofrecen 'combos' para la reparación de víctimas de la violencia: "Amigo desplazado: si Acción Social no le ha entregado la certificación de desplazado, no le ha dado ayuda humanitaria, si no ha reclamado reparación administrativa, no ha reclamado indemnización judicial o fue despojado, venga, nosotros le ayudamos".
Y en Aguachica (Cesar), la oferta es de 20 mil pesos por la compra del 'formulario de restitución' y su supuesto trámite ante el Ministerio de Agricultura.
Mensajes como estos tienen prendidas las alarmas de las instituciones encargadas de la implementación de la Ley de Víctimas por el brote de nuevas mafias de abogados que desde ya buscan sacar provecho de la recién sancionada legislación. Incluso, para contrarrestar la campaña de los inescrupulosos, el Ministerio de Agricultura lanzó mas 12 mil volantes informativos en todo el país.
Miguel Samper, director de la oficina de justicia transicional del Ministerio del Interior, denunció que ni existen formularios de restitución, ni las víctimas tienen que pagar por ningún tipo de trámite.
"Están circulando poderes y documentos en donde las víctimas se comprometen a entregar una plata a cambio de su acceso a la Ley de Víctimas. Les piden porcentajes hasta del 49 por ciento para cobrar la reparación administrativa", aseguró el funcionario, quien explicó que se tienen casos registrados en Antioquia, Valle, Cesar y Norte de Santander.
El Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, viene alertando por el surgimiento de estas mafias y ha recalcado que existen sanciones penales que van desde los 8 a 12 años a los "avivatos" y "falsas víctimas" que se aprovechen de los procesos de reparación y restitución de tierras del Estado.
Restrepo también ha reiterado que para la restitución existen 12 oficinas del Proyecto Protección de Tierras en todo el país para que las víctimas pongan en conocimiento sus casos.
"Se recibirán los documentos aportados, sin que ello implique el comienzo del proceso respectivo, toda vez que formalmente se iniciará a partir del 1 de enero de 2012, momento en el cual estará operando toda la institucionalidad creada por la Ley", dijo el Ministro.
No es la primera vez que los avivatos intentan sacarle provecho al drama de las víctimas. Lo mismo pasó cuando empezó el proceso de reparación administrativa y cuando Justicia y Paz empezó a acreditar a las víctimas de los 'paras'. Incluso, varios abogados inescrupulosos terminaron presos.
Buscan niños herederos de tierras
El Ministerio de Agricultura lanzó una campaña para encontrar a menores que fueron despojados de sus tierras. La iniciativa del Gobierno busca que si los menores quedaron huérfanos por cuenta de la violencia o no tienen noticias de sus padres se acerquen directamente a reclamar.
Incluso, se tiene preparado un plan para recibir a niños mayores de 12 años en las sedes del Ministerio de Agricultura en todo el país para que con la declaración del menor se inicie un proceso de investigación que lleve a la restitución de los predios.
Cómo acceder a la Ley de Víctimas
-No deben registrarse las víctimas que estén en los registros de Acción Social de desplazados y de indemnizaciones administrativas. Tampoco los que estén acreditados como tal en Justicia y Paz.
-Si se le violentaron sus derechos desde 1.985 y está pidiendo restitución de tierras por despojo desde 1.991.
-Debe acceder a Registro Único de Víctimas a través de Personerías y Defensorías a partir de enero del 2012.
-A partir de la fecha las víctimas tienen cuatro años para llevar su caso ante estos entes.
-El Estado se encargará de estudiar los casos y buscar a las víctimas para repararlas. Serán 10 años en la implementación.
-Para la restitución de tierras, el Proyecto de Ley
Cifra
60 mil derechos de petición
Llegaron a Acción Social después de sancionada la Ley y 1.500 al Ministerio del Interior. En ellos, las víctimas piden información sobre cómo acceder a la Ley de Víctimas.
LA JUSTICIA NO SOLO DEPENDE DE MEJORES PRESUPUESTOS: SANTOS
El Presidente participa esta noche en el Encuentro de lo Contencioso Administrativo, en Manizales.
Durante su discurso, el presidente Juan Manuel Santos hizo varias alusiones a la reforma de la Justicia, que comienza su trámite en el Congreso y que ha despertado críticas en algunos sectores de la Rama Judicial.
En primer lugar, el Jefe de Estado reiteró que "con la reforma que hemos propuesto al Congreso no se debilita al Consejo de Estado ni se somete a otras instituciones ni se desconoce su historia".
"El Consejo de Estado es y seguirá siendo el tribunal de cierre de lo contencioso administrativo", subrayó.
Santos destacó que "la reforma tiene un beneficiario final, que es el ciudadano común y corriente, que muchas veces se enfrenta a una puerta insalvable".
De igual forma, se refirió a la polémica que ha suscitado la petición de sectores de la Justicia respecto a un mayor presupuesto para su funcionamiento. "No podemos descansar todo el peso de la reforma en un tema de finanzas", enfatizó Santos.
"Estamos haciendo ingentes esfuerzos para dotar de más recursos a la Justicia. Pero sería injusto con la Justicia y con el país casarnos con determinado porcentaje del presupuesto nacional", aseguró el mandatario.
No obstante, el Presidente no cerró la puerta a revisar el asunto, aunque invitó a los magistrados a hacer "los estudios" que permitan determinar los montos específicos que se necesitan como parte del Presupuesto Nacional.
Tras reiterar que "la gestión puede mejorarse", Santos dijo que "afirmar que mejor justicia depende únicamente de mejores presupuestos sería simplificar la problemática tan grande que afronta la Rama".
SANTOS DESTACA BUEN AMBIENTE DE DIÁLOGO CON LAS ALTAS CORTES
El mandatario se reunió con los magistrados de la Corte Constitucional, en el Palacio de Justicia.
Al término del encuentro, que duró cerca de hora y media, el presidente Juan Manuel Santos y el presidente del alto tribunal, Juan Carlos Henao, ofrecieron una breve declaración a los medios.
El Jefe de Estado destacó que hubo un "diálogo informal y fluido sobre temas de Estado".
"No es mi primera, ni será la ultima visita que haga a las altas cortes", aseguró Santos, quien destacó que "entre más diálogo podamos tener con las cortes, mejor".
De igual forma, agradeció la "forma tan generosa y amplia como nos han recibido".
A su turno, el magistrado Henao dijo que el diálogo fue "muy cordial, muy constructivo, sobre temas de interés nacional".
Y aseguró que este tipo de conversaciones "son útiles en la medida en que plantean una colaboración armónica entre los poderes".
MINJUSTICIA Y LA OEA ANALIZARÁN AVANCES DE LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ
Este encuentro se suma al realizado con la Sala Penal de la Corte Suprema.
Una reunión clave para avanzar en la reforma de la Ley de Justicia y Paz sostendrán el Ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, y el juez Baltasar Garzón, asesor de la Misión de Apoyo a la OEA en Colombia.
Este encuentro, se suma al realizado la semana pasada entre el Gobierno y los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema, en el que el Ministro Esguerra dijo haber entregado un "frío y crudo" diagnóstico acerca de la Ley de Justicia y Paz.
Entre los puntos que urgen ajustes, según lo manifestó el Gobierno al alto tribunal, están el limbo de los delitos cometidos por los desmovilizados entre el 25 de julio del 2005 (fecha límite contemplada en la Ley para desmovilizarse) y noviembre del 2006, fecha en que se desmovilizó el último grupo de las Autodefensas.
En total son 16 puntos los que inquietan al Gobierno, que la Corte se comprometió a estudiar con detenimiento.
En el listado, conocido por EL TIEMPO, también se ponen sobre la mesa nuevos "obstáculos" como la inaplicabilidad del principio de oportunidad para los testaferros de paramilitares (lo que habría frenado la entrega de bienes para reparación) y la falta de certezas sobre el tiempo desde el que empieza a contar la pena alternativa y sobre la situación de los miembros de las Auc que estaban presos en el momento de las desmovilización de sus grupos.
El Gobierno también dice que más de mil postulados han declinado de su aspiración de seguir en Justicia y Paz ya que encuentran más beneficioso continuar por la vía ordinaria.
"Esto representa un desgaste del aparato judicial y una frustración de las expectativas de las víctimas", dice el informe entregado a la Corte.
También se habló de la insuficiencia de Tribunales de Justicia y Paz, lo que genera --dice el Gobierno-- retrasos en las diligencias judiciales y altos costos en los traslados de los postulados.
Precisamente, a finales de julio, Marcelo Álvarez, jefe de la OEA en Colombia, aseguró a EL TIEMPO que se necesitan ajustes urgentes a la Ley y que si este proceso llegara a fallar saldrá afectada la Ley de Víctimas, bandera del gobierno del presidente Santos.
EDITORIAL: ESPAÑA RETOCA SU CONSTITUCIÓN
Se trata más de una medida sicológica para inyectar confianza que una solución práctica inmediata.
Con toda suerte de ominosas alarmas económicas encendidas y en la lista B de países europeos con problemas, España acaba de tomar una medida histórica: por primera vez desde que se aprobó en 1978 la Constitución que ha regido su transición hacia un régimen democrático, los dos grandes partidos políticos acordaron una reforma sustancial de la Carta.
Fue notable ver que el gobernante Partido Socialista (PSOE) y el opositor Partido Popular (PP), inveterados rivales, se unían en torno a una propuesta política. Pero más notable resultó el propósito de la alianza, que ha sido el de incorporar a la Constitución unos artículos que limiten el déficit público. Las nuevas normas no fijan topes, pero remiten a los límites que determine la Unión Europea para el déficit estructural, y ponen en manos de una futura ley orgánica el máximo déficit tolerable en relación con el Producto Interno Bruto. Establecen, además, que es obligatorio a todo nivel el equilibrio presupuestario.
La disposición obliga tanto al Estado español como a las Comunidades Autónomas y sus municipios, circunstancia esta última que suscitó el rechazo de los partidos nacionalistas. Catalanes, vascos y gallegos, principalmente, aspiran a mayor autonomía y ahora se encuentran con una reforma que regula su capacidad de endeudamiento público. Aunque PSOE y PP intentaron conquistar el apoyo de agrupaciones regionales, no lo lograron. Votaron en contra de la reforma en la Cámara de Diputados o se marcharon del recinto casi todos los demás partidos, incluyendo Izquierda Unida, que es nacional pero no nacionalista. La alianza bipartidista fue apabullante: 316 votos a favor, 29 ausencias y 5 en contra. Esta semana deberá aprobarla el Senado, a pesar de manifestaciones sindicales de protesta que piden debate y referendo.
La circunstancia que logró unir a dos colectividades que viven enfrentadas por todo y a toda hora fue la difícil situación económica y fiscal de España y Europa. Sin embargo, se trata más de una medida sicológica pionera para inyectar confianza que una solución práctica inmediata, pues sus efectos tardarán años en sentirse. Pero ella favorece la reestructuración de la Unión Europea con miras a crear mecanismos que, a través de bonos y ayudas especiales, permitan reducir los riesgos y daños de la crisis.
EL ESPECTASDOR
PROCURADURÍA INVESTIGA 30 EPS ANTE CRISIS DE LA SALUD
Buscan establecer que ocurrió con los dineros del Estado, de los cotizantes y beneficiarios.
La Procuraduría adelanta cerca de 30 investigaciones a Empresas Prestadoras del Servicio de Salud, EPS, por el desvío de recursos que generó una crisis en el sector salud.
Según dijo el Procurador General, Alejandro Ordoñez, estas investigaciones se encuentran en una etapa preliminar y se espera determinar qué ocurrió con el dinero del Estado, de los cotizantes y de los beneficiarios.
Ordoñez señaló que también se investigan otras entidades estatales encargadas de garantizar el derecho a la salud.
Durante el encuentro de la justicia contenciosa administrativa, que se realiza en la ciudad de Manizales, el jefe del ministerio Público informó que aumentaron las denuncias contra funcionarios públicos por participar en política.
Dijo que dos gobernadores y tres alcaldes de capital son investigados por participar en asuntos políticos.
“En el caso del gobernador de Caldas Mario Aristizabal Muñoz se adelantan cinco investigaciones que están en la fase instructiva y en las que se tomaran decisiones próximamente, en el caso del alcalde de Manizales, Juan Manuel Llano tiene vigente un proceso de investigación administrativa”, puntualizó.
EN COLOMBIA SE REALIZAN AL AÑO 400.000 ABORTOS INDUCIDOS
Así lo reveló un estudio del instituto Guttmacher de Nueva York.
Un promedio de 400.000 abortos inducidos y unos 911.897 embarazos no deseados se registran al año en Colombia, cifras superiores al promedio en Latinoamérica y el Caribe, según un estudio divulgado este miércoles en Bogotá por el instituto Guttmacher de Nueva York.
"El registro (de abortos) en Colombia es más alto que el promedio estimado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Latinoamérica y el Caribe, que es de 31 por cada 1.000 mujeres. La nuestra es de 39 por 1.000 mujeres, más alta que en México y Guatemala, pero más baja que en Perú", precisó a la AFP Elena Prada, investigadora del Instituto.
"Anualmente ocurren 412.000 abortos inducidos. Visto de otra forma, cada año una de cada 26 colombianas en edad reproductiva (15 a 44 años) tiene un aborto, de acuerdo con la última investigación realizada en 2008, que acabamos de consolidar", explicó Prada.
El informe señala, asimismo, que en Colombia se registran anualmente 911.897 embarazos no planeados, lo que significa 89 por cada 1.000 mujeres, y cerca del 44% de ese tipo de embarazos termina en aborto inducido.
"Esta tasa es un 25% más alta que el promedio para toda Latinoamérica y el Caribe", lamentó Prada, coautora del informe fundamentado en sondeos a 300 instituciones prestadoras de salud, más de 120 médicos especialistas, encuestas nacionales de demografía y salud, así como en cifras de la OMS.
Agregó que mientras en 1989 el 52% de los embarazos registrados en el país sudamericano no fueron planeados, para 2008 esa cifra aumentó a 67%.
Sin embargo, Prada señaló que la tasa de aborto inducido ha permanecido relativamente estable en las últimas dos décadas, al pasar de 36 por cada 1.000 mujeres en 1988 a 39 por 1.000 en 2009, lo que significó un aumento de 8%.
En 2006, la Corte Constitucional de Colombia derogó la prohibición absoluta del aborto, permitiendo el procedimiento en casos de riesgo para la vida o la salud de la mujer, malformación fetal incompatible con la vida, y violación o incesto.
Pese al fallo, la gran mayoría de los abortos sigue ocurriendo en la clandestinidad. Según el instituto Guttmacher, en 2008 el 99,92% de abortos practicados fueron clandestinos e ilegales.
SANTOS DESTACA ARMONÍA EN REUNIÓN CON MIEMBROS DE CORTE CONSTITUCIONAL
"No es mi primera visita a la Corte Constitucional ni a este edificio ni será la última", dijo el Mandatario de los colombianos al concluir la reunión.
El presidente Juan Manuel Santos se mostró satisfecho tras la reunión sostenida con los miembros de la Corte Constitucional. "Cada uno cumple con su deber en forma independiente", les recordó a los magistrados.
Santo le dijo a los miembros del alto tribunal que "vamos a tener más elementos de juicio y vamos a tener más información para acertar en nuestra decisiones y en la formulación y ejecución de las políticas públicas".
Una vez concluyó la reunión, el mandatario de los colombianos dijo que lo primordial era "establecer un dialogo más informal".
El presidente Juan Manuel Santos, indicó que se reunió con el Presidente de la Corte Constitucional Juan Carlos Henao y los magistrados que pertenecen a esta Corte.
"El propósito de la reunión no era nada diferente a establecer un dialogo más informal, más fluido, sin agenda sobre diferentes temas, temas que tienen que ver con cuestiones de Estado, con el presente y el futuro de nuestro país, dentro del ánimo que establece la Constitución de que los poderes públicos deben funcionar en armonía, respetando su independencia, y ese ha sido el propósito del Gobierno desde el primer día", dijo el mandatario, según el comunicado de prensa de la Casa de Nariño.
Destacó que "no es mi primera visita a la Corte Constitucional ni a este edificio ni será la última, todo lo contrario, entre más diálogo de este tipo podamos tener con las Cortes –con la Corte Constitucional, entre otras- mejor para todo el mundo, porque vamos a tener más elementos de juicio y vamos a tener más información para acertar en nuestra decisiones y en la formulación y ejecución de las políticas públicas".
"A todos nos une ser parte de un Estado y cada uno cumple con su deber en forma independiente, esto para nada vulnera, todo lo contrario, ratifica la independencia de los poderes, pero en lo que sí hace énfasis es en la necesidad de obrar con armonía", destacó el mandatario de los colombianos.
Destacó que durante la reunión "tocamos diferentes puntos que no vale la pena mencionar específicamente, lo que quiero es agradecerle al Presidente de la Corte Constitucional a nombre de los ministros, altos consejeros y demás funcionarios del Gobierno que asistimos a esta reunión, la forma tan generosa y tan amplia como nos han recibido, y como decía al principio esta es simplemente la primera de muchas reuniones que vamos a tener de este tipo".
VIOLENCIA ANTISINDICAL, IMPUNIDAD Y REFORMA A LA JUSTICIA
Por: Gustavo Gallón
Apenas tres víctimas de desaparición forzada han merecido sentencias en relación con 222 desapariciones forzadas de sindicalistas registradas en el país entre 1986 y 2011, lo que equivale a una impunidad del 99 por ciento.
Asimismo, 223 víctimas de homicidio, sobre un total de 2.870 sindicalistas asesinados en los últimos 25 años. Así se advierte en 357 sentencias encontradas por la Comisión Colombiana de Juristas y analizadas en un estudio conjunto con la Escuela Nacional Sindical, próximo a publicarse. También aparecen allí cinco víctimas de 249 atentados, nueve de 1.768 víctimas de desplazamiento forzado, tres de 5.242 víctimas de amenazas, dos de 89 víctimas de tortura, y cinco de 166 víctimas de secuestro.
Desde 2007 existe una subunidad de la Fiscalía y unos jueces especiales de circuito dedicados exclusivamente a la violencia antisindical, por recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se trata, en su mayoría, de valiosas y valiosos servidores públicos cuyas energías no dan abasto para garantizar niveles aceptables de justicia. Una reflexión sobre las causas de esta precariedad puede identificar correctivos que favorezcan a todas las víctimas en conjunto.
La situación es más dramática de lo que parece: la mitad de las condenas objeto de ese estudio corresponden a sentencias anticipadas, en las cuales el Estado, por lo general, se conforma con la versión del procesado. Aquí debería haber un esfuerzo serio para esclarecer la verdad exigiendo, por lo menos, precisión y coherencia en relación con las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos confesados. Las amenazas y atentados contra víctimas, testigos y funcionarios judiciales requieren también ser enfrentadas con un vigoroso programa de protección. La interferencia indebida de la justicia penal militar no debería ser tolerada en absoluto.
Hay dos factores que sobresalen en los casos de violencia antisindical. Uno es la necesidad de asumir un método sistemático que permita tratar de manera integrada y no aislada los crímenes que se cometan contra los miembros de un colectivo, como puede ser un sindicato o una región específica. Privilegiar hipótesis de crímenes pasionales o actos de delincuencia común en relación con sindicalistas victimizados en medio de un conflicto laboral es no sólo equivocado sino que linda con el prevaricato, tanto en la investigación como en el juzgamiento.
Otro factor notorio es la importancia de enjuiciar, además de al autor material, a los actores poderosos en el contexto del delito, como compañías multinacionales o potentados locales con capacidad de promover prácticas de coerción ilegal. La Fiscalía y los jueces no se destacan por su habilidad para desarrollar casos a partir de copias compulsadas de declaraciones judiciales que revelen información sobre los resortes centrales de la criminalidad.
La reforma de la justicia, actualmente en discusión, debería ocuparse de introducir estos y otros criterios basados en la experiencia de lo que sucede con la impunidad de la violencia antisindical. Que sirva para ello la supervisión internacional de la OIT, de Naciones Unidas, de la OEA y de los países pendientes de desarrollar libre comercio con Colombia.
REVISTA SEMANA
“REFORMA A LA JUSTICIA NO ES SOLO FINANZAS”: SANTOS
Un plan de choque para aliviar el atraso que afecta a los ciudadanos que acuden a la justicia, planteó este miércoles el presidente Juan Manuel Santos, en el Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo inaugurado en Manizales.
Para el mandatario, todo el peso de la reforma a la justicia no puede ser solamente presupuestal. Anuncia creación de Agencia de Defensa Jurídica para defender a la Nación de millonarias demandas.
El presidente Juan Manuel Santos manifestó el miércoles en la noche, durante la instalación del Encuentro de lo Contencioso Administrativo, que la discusión acerca de la reforma a la Justicia, en la que hay cierto ambiente de confrontación con la Rama Judicial, no puede ser solamente de recursos para su financiación.
“Afirmar que una mejor Justicia depende únicamente de mayores presupuestos sería simplificar la problemática tan compleja que afronta la Rama”, dijo mandatario, a la vez que pidió al sector incrementar la eficiencia en el manejo presupuestal y también racionalizar los gastos y distribuirlos de forma más eficaz.
Según un comunicado de la Casa de Nariño, Santos Calderón expresó que sería “irresponsable” con la Justicia y con el país que el debate se centre en contar con determinado porcentaje del presupuesto nacional, “cuando no existen estudios serios y técnicos que justifiquen una cifra u otra”.
“Hagamos estos estudios, analicémoslos, y podremos llegar a conclusiones adecuadas. Entre tanto, no podemos desconocer que los presupuestos rinden más cuando hay una mejor y más eficiente gestión”, agregó.
Santos reveló que de acuerdo con datos de la Contraloría General de la República, en la vigencia de 2010 el presupuesto de inversión de la Rama Judicial fue de 152.000 millones de pesos y que su ejecución solo ascendió al 87 por ciento. “Además, el 70 por ciento quedó en reserva presupuestal para la vigencia 2011”, indicó.
Crean Agencia de Defensa
La nueva entidad, cuya labor será defender a la Nación ante los estrados judiciales y frente al abultado número de demandas que pretenden una multimillonaria suma, será creada con base en las facultades de la reforma del Estado que le otorgó el Congreso gobierno, indicó el presidente.
Señaló que la Agencia estará adscrita al Ministerio de Justicia, pero manejará con el Ministerio de Hacienda un completo y moderno sistema de información sobre las contingencias judiciales que puedan afectar las finanzas públicas.
Para el mandatario dicha agencia nace de la preocupación que asiste al Gobierno por la carga económica derivada de las demandas y fallos en contra del Estado, que se han convertido en un “desangre” para las finanzas públicas.
“Actualmente estamos elaborando el estudio técnico de la futura Agencia, que esperamos crear antes de terminar el mes de noviembre”, expresó. Añadió que la nueva agencia manejará, con el Ministerio de Hacienda, “un completo y moderno sistema de información sobre las contingencias judiciales que puedan afectar las finanzas públicas”.
REGINALDO BRAY, A LA CÁRCEL POR CASO DRAGACOL
La Corte Constitucional tumbó un fallo de tutela que le otorgó la libertad al controvertido empresario en un proceso que –junto con Foncolpuertos- fue símbolo de la defraudación al Estado, antes de que aparecieran los Nule.
Reginaldo Bray, representante legal y propietario de la firma Dragacol, deberá ir a prisión para cumplir una condena de seis años y seis meses de prisión por cuenta de una conciliación irregular con el Ministerio de Transporte que le significó ingresos por 17.600 millones de pesos que, según dictaminó la Justicia, no ha debido recibir.
Al cuestionado empresario y excongresista la Corte Suprema de Justicia le había revivido la orden de captura en su contra el 14 de diciembre tras inadmitir una demanda de casación y confirmar el fallo condenatorio de segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá por el delito de peculado por apropiación.
José Barbosa, representante legal de Bray, manifestó entonces que la notificación de esa decisión fue hecha el 20 de diciembre –ya iniciada la vacancia judicial- e interpuso un derecho de tutela arguyendo los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso.
Un juez en Cartagena falló a favor de Bray suspendiendo así su puesta tras las rejas, pero la Corte anunció apelación y una petición a Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para investigar al juez.
El miércoles la Corte Constitucional miércoles informó que tumbó la tutela “dados los graves errores de postulación” de la misma, la deficiencia lógica de las argumentaciones y la “apreciación personal” que la defensa hizo de la prueba.
Así las cosas, no solo quedó en firme la condena de 80 meses de prisión, sino también una multa de más de 14.600 millones de pesos y la inhabilidad de ejercer cargos públicos por espacio de seis años.
El caso
La historia arrancó el 6 de noviembre de 1998, cuando el entonces ministro de Transporte, Mauricio Cárdenas, concilió con Reginaldo Bray, representante legal de Sociedad de Dragados y Construcciones de Colombia y del Caribe S.A - Dragacol, una serie de litigios que sumaban 26.000 millones de pesos, de los cuales el estado alcanzó a girarle a Bray 17.600 millones.
Bray, dueño y fundador de esta empresa que se dedicaba a dragar ríos había hecho siete contratos con el Ministerio de Transporte para dragar en diferentes regiones del país y consideró que por atrasos en pagos y otros incumplimientos del Estado tenía derecho a un reclamo por 140.000 millones de pesos.
Sus exigencias pasaron de gobierno en gobierno hasta que, siendo presidente Andrés Pastrana, su ministro de Transporte Mauricio Cárdenas concilió con Bray un pago de 26.000 millones de pesos. Cuando se conoció esta conciliación ardió Troya, puesto que apenas hacía seis meses se había establecido oficialmente que su deuda con Dragacol era de apenas 4.000 millones.
El escándalo motivó aperturas de investigaciones de los funcionarios y particulares implicados en Fiscalía, Procuraduría y Contraloría. La Fiscalía acusó a Bray -que fue deportado de Miami (Estados Unidos) a Bogotá luego de buscar infructuosamente asilo político- y a ocho funcionarios del Ministerio de Transporte.
Precisamente, en marzo pasado, el proceso prescribió o hubo absolución para varios de los acusados por falta de pruebas contundentes. Entre ellos, fueron el exviceministro de Transporte Juan Alberto Páez y el ex secretario general Darío Velandia Triviño y el exsecretario jurídico Juan Carlos Chávez. Así mismo sucedió con los exfuncionarios Carlos Ramírez, Roberto Salom, Hernando Santisteban y el empresario Alfred Bray.
SE DESENREDA APROBACIÓN DE LEY CONTRA DISCRIMINACIÓN
El Congreso llegó a un consenso en torno al proyecto que busca castigar con cárcel cualquier conducta discriminatoria, desde la racial hasta aquella motivada por religión, género, ideología o nacionalidad.
La comisión de conciliación del proyecto contra el racismo y la discriminación llegó al acuerdo de acoger el texto aprobado por la Cámara de Representantes, que amplía sus alcances hasta conductas discriminatorias, no sólo por cuestión de raza, sino a toda aquella originada por motivos de orientación sexual, religión, ideología política y nacionalidad. Siete de ocho congresistas de la comisión conciliadora acogieron la propuesta.
Según el parlamentario Carlos Baena (Mira), autor del proyecto, “quedó el texto de la Cámara de Representantes, que es un texto más amplio por el no racismo y por la no discriminación étnica, y la amplía por orientación sexual, religión, ideología política y nacionalidad. Ahora queda la aprobación en plenaria”.
Baena agregó que “lo primordial es que no sólo se combate el racismo, sino cualquier forma de discriminación y de segregación, y eso le va a dar oportunidades económicas a la gente, de conseguir empleo, de acceder a sus derechos. Estamos construyendo un modelo de sociedad con convivencia y con respeto”.
A pesar de este acuerdo, no significa que el proyecto haya superado todos sus obstáculos, pues aún falta la votación en las plenarias de Senado y Cámara, donde el debate podría revivirse.
Existe la postura que defiende el presidente del Partido Conservador, el senador José Darío Salazar, que el proyecto aprobado por el Senado habla de discriminación “únicamente racial”, mientras que en la Cámara se habló también de derechos sexuales y culturales, lo mismo que de discriminaciones religiosas y culturales con términos como 'neonazi'.
Según Salazar, eso podría ser un argumento para que la Corte Constitucional declare inexequible la ley, en caso de aprobarse por el Congreso.
Los alcances de la iniciativa
El pasado 30 de agosto fue aprobado en último debate este proyecto que establece que quienes incurran en cualquier acto de discriminación en Colombia por razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, recibirán penas de uno a tres años y deberán pagar multas de 10 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Aunque son excarcelables, penalmente la persona quedará reseñada. Sin embargo, quienes incurran en conductas agravantes recibirán castigos hasta de 15 años de cárcel.
En la discusión de esta iniciativa, la Cámara de Representantes introdujo el tipo penal denominado “apología del genocidio”, el cual generará penas de prisión de entre ocho y quince años, además de multas. Este cambio fue impulsado por el presidente de la Cámara, Simón Gaviria, y recibió el apoyo de todas las bancadas.
De esta forma, las organizaciones neonazis que justifican prácticas como la persecución antisemita y racial quedarán en la ilegalidad. En Colombia, algunos de estos grupos, aunque marginales, desde hace algunos años realizan con cierta frecuencia reuniones y eventos en los que expresan su simpatía con el nacionalsocialismo alemán y el falangismo español.
CMI
MININTERIOR RADICA PROYECTO QUE BENEFICIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
Hoy el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, radicó ante la Secretaria de la Cámara de Representantes, un proyecto que busca establecer mecanismos para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad.
La propuesta, mediante la adopción de medidas que permitan eliminar toda forma de discriminación, ajusta la legislación colombiana en especial en relación con la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El proyecto plantea que las entidades municipales y distritales diseñen en un término no mayor a un año un plan de accesibilidad al espacio público y a los bienes públicos de su circunscripción.
Así mismo, el Gobierno pretende asegurar la señalización en aeropuertos, terminales de transporte, medios de transporte masivo y espacios públicos, en un plazo de 10 años, garantizando el fácil acceso y la movilidad de esta población.
En el campo laboral se establecen beneficios tributarios y líneas de crédito para las empresas que contraten personas con discapacidad.
Estos son algunos de los puntos incluidos en el proyecto:
1. Los departamentos, distritos, municipios y localidades, de acuerdo con sus competencias, incorporarán en todos los planes de desarrollo, tanto nacionales como territoriales, así como sectoriales e institucionales, los diferentes elementos integrantes de la política pública de discapacidad y del Plan Nacional de Intervención para la Incapacidad.
2. Adopta un enfoque de inclusión de los niños y niñas con discapacidad y con alto riesgo de adquirir una. Establece programas de detección precoz y atención temprana, como programas de apoyo a las madres, educación inclusiva, estrategias de promoción y pedagogía.
3. Considera dar prioridad a las familias de bajos recursos, a través del establecimiento de un programa de apoyo liderado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
4. Define mecanismos para que el Sistema General de Seguridad social y Salud incorpore, dentro de los planes de beneficios obligatorios, la cobertura de los servicios de habilitación y rehabilitación integral, con estándares de calidad, esquemas de vigilancia y control.
5. Establece mecanismos para la formalización del empleo y programas de aseguramiento de riesgos laborales y no laborales de las personas con discapacidad.
6. El Fondo Nacional del Ahorro o quien hagas sus veces, otorgará créditos de vivienda y educación para las personas con discapacidad, con una tasa de interés preferencial.
7. Propone que Entidades municipales y distritales diseñen, en un término no mayor a un año, un plan de accesibilidad al espacio público y a los bienes públicos de su circunscripción.
8. Busca asegurar la señalización para personas con discapacidad en aeropuertos, terminales de transporte, medios de transporte masivo y espacios públicos. Se garantiza el fácil acceso y la adecuación de vías, aeropuertos y terminales, en un plazo no mayor a 8 años.
EL PESO DE LA REFORMA A LA JUSTICIA NO PUEDE SER UN TEMA DE FINANZAS»: JUAN MANUEL SANTOS
El presidente de la República, Juan Manuel Santos, aseguró que los problemas que tiene la justicia no solo se pueden solucionar con más recursos, como lo han venido expresando las altas Cortes.
Durante la inauguración del décimo séptimo encuentro del Consejo de Estado, que se realiza en Manizales, el primer mandatario aseguró que una justicia lenta también es una forma de injusticia, porque la ciudadanía necesita respuestas rápidas a sus demandas
“Afirmar que una mejor justicia depende solo del tema económico no es cierto. Con el Ministerio de Hacienda estamos haciendo esfuerzos para conseguir más recursos. Sería bueno que se hicieran estudios para determinar si es cierto que la eficiencia en la justicia solo depende del factor monetario”, señaló el jefe de Estado.
Por su parte, el presidente del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo, afirmó que el objetivo de la reforma a la justicia debe ser tener una justicia al día para beneficiar al ciudadano.
“Yo invito al Gobierno y a la Rama para que el tema de la justicia se convierta en una política de Estado, porque lo que queremos es tener una justicia al día y eficiente para brindarle a la gente decisiones prontas y oportunas”, aseguró el magistrado.
'LA REUNIÓN CON LOS MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL FUE FRUCTÍFERA': PRESIDENTE SANTOS
Hoy el presidente de la República, Juan Manuel Santos, sostuvo una reunión con los magistrados de la Corte Constitucional.
“Acabamos de terminar una muy fructífera reunión con la Corte Constitucional, con su presidente, el doctor Henao, y con los magistrados que pertenecen a esta honorable Corte”, indicó el mandatario.
Según el jefe de Estado, el propósito del encuentro era establecer un diálogo informal y más fluido con los miembros de la Corte, sobre temas del presente y el futuro del país.
“El propósito de la reunión no era nada diferente a establecer un diálogo más informal, más fluido. Temas que tienen que ver con cuestiones de Estado, con el presente y el futuro de nuestro país, dentro del ánimo que establece la Constitución de que los poderes públicos deben funcionar en armonía, respetando su independencia”, explicó Santos Calderón.
El presidente Santos comentó que este encuentro no es ni el primero ni el útlimo que sostendrá con las Cortes.
“No es mi primera visita a la Corte Constitucional, ni será la última. Entre más diálogo de este tipo podamos tener con las cortes, con la Corte Constitucional, mejor porque vamos a tener más elementos de juicio y vamos a tener más información para acertar en nuestras decisiones y en la formulación y ejecución de las políticas públicas”, reiteró el jefe de Estado.
EL PROYECTO DE PENALIZAR EL ABORTO EN TODAS SUS MODALIDADES... ¡ABORTÓ!
Todo parece indicar que el proyecto que prohíbe el aborto en cualquier circunstancia, anunciado por el partido conservador... ¡abortó!
El proyecto de ley que radicó en el Congreso el presidente del Partido Conservador, José Darío Salazar, para que en Colombia no se acepte ninguna excepción a la prohibición del aborto, ni siquiera el peligro de muerte de la madre, terminó dividiendo al mismo Partido Conservador.
Hay en el conservatismo quienes, al margen de posiciones absolutamente fundamentalistas, creen que en caso de un malformación del feto, que pone en peligro la vida de la madre, es válido el aborto.
Además, los ponentes nombrados por la mesa directiva de la Comisión Primera del Senado están totalmente divididos. De un lado se alinearon los senadores Roy Barreras, de la U, y Luis Carlos Avellaneda, del Polo.
Ellos radicarán mañana mismo ponencia negativa. Pedirán que el proyecto se hunda definitivamente. Barreras, que es médico, se opone a que se quiera desconocer la bondad y la justicia de la sentencia de la Corte Constitucional, que despenaliza el aborto en los casos en que peligre la vida de la madre, cuando es producto de una violación o cuando el feto tenga malformaciones.
En la otra orilla, defendiendo la penalización total del aborto, están los senadores Roberto Gerlein, ultraconservador, y Manuel Enríquez Rosero, de la U.
Quienes presentarán ponencia positiva son el presidente del Congreso, Juan Manuel Corzo, a quien le ha llovido palo por todas partes por su proyecto sobre inmunidad parlamentaria, coautor de la contrarreforma, junto con el presidente del conservatismo, José Darío Salazar, y decidió renunciar, posiblemente para evitar más garrote.
No olviden que la semana pasada fue el propio presidente Santos quien advirtió que veía difícil tramitar esta reforma constitucional, debido a «profundas» diferencias entre los jefes de los partidos de la Unidad Nacional frente al tema.
CARACOL RADIO
EN COLOMBIA HAY MÁS DE DOS MILLONES DE PROCESOS JUDICIALES REPRESADOS
El Consejo Superior de la Judicatura reportó que la rama judicial tiene actualmente 2.442.804, con una mayor congestión en las áreas administrativa, civil, penal y de ejecución de penas, lo que, según expertos, retrasa el acceso a la justicia de los ciudadanos que reclaman sus derechos.
La cifra más alta es la de los juzgados civiles donde hay 1.261.952 expedientes que representan el 50% del total de los procesos que se adelantan y que se originan en el retraso de los ciudadanos en el pago de los créditos con la banca comercial, el sector privado o de litigios entre particulares.
El presidente del Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas, magistrado Augusto Morales Valencia, indicó que en el caso del área contenciosa administrativa la ausencia del Estado en el reconocimiento de los derechos ha llevado a que los ciudadanos por la vía jurídica hagan efectivas sus pretensiones, lo que representa 215 mil procesos en acciones populares, de cumplimiento, de reparación directa o demandas como las de las pirámides. Allí, cerca de cinco mil casos ingresaron en los últimos meses.
En materia penal, el aumento de delitos menores está congestionando los despachos judiciales, pese a las medidas de descongestión.
Actualmente hay en el país 121 mil procesos penales. El magistrado de la sala penal del Tribunal Superior de Manizales, José Fernando Reyes, indicó que en el sistema penal los remedios propuestos han sido peores que la enfermedad, la congestión crece por los índices de criminalidad. La inexequibilidad de la ley de las pequeñas causas fue uno de los insumos de este problema.
Según el abogado Aristides Betancurt Shufetelly, causa alarma la cifra de procesos contra menores de edad que hoy tiene congestionados los juzgados de adolescentes de conocimiento y de control de garantías de menores. En los despachos del país 432 mil 530 procesos contra menores de edad, que en la mayoría se quedan sin resolver.
Otra situación preocupante es la de los juzgados de Ejecución de Penas, encargados de definir el trámite de libertad de los reclusos donde hay 284.766 solicitudes de libertad por cumplimiento de penas o rebajas, además de las peticiones para el requerimiento de beneficios de ley para la reducción de las condenas.
Uno de los casos más conocidos es el de Omar Berrio, implicado en el crimen de Álvaro Gómez Hurtado. Este hombre lleva 17 años detenido y espera que un juez le acepte la solicitud de libertad por cumplimiento de pena.
Los departamentos que registran el mayor volumen de expedientes son Cundinamarca, con 550.000 procesos; Antioquia, 220.300; Atlántico, 158.000; Bolívar, 129.000; Valle del Cauca, 255.000, y Santander, 135.000 procesos, cifras que demuestran la congestión que le espera a la reforma judicial.
EL PROBLEMA DE LA JUSTICIA NO ES SÓLO DE DINERO: CORTE CONSTITUCIONAL
En diálogo con Caracol Radio, el presidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao, se refirió a la congestión judicial y, aunque admitió que sí se requiere más dinero, también hay otros temas que se deben abordar.
"En efecto si se requiere algo más de dinero, pero no es el único tema, también es de procedimientos y de generar un ambiente más de conciliación que de litigio", señaló.
Henao dijo que durante su reunión con el presidente Juan Manuel Santos, que se cumplió este miércoles en la Corte Constitucional se abordaron dos grandes temas: la situación de la Ley de Justicia y Paz, las políticas del gobierno en ese sentido; y la consulta previa a las comunidades indígenas y las comunidades afrodescendientes.
Agregó que frente a la reforma a la justicia dijo que el jefe de Estado les manifestó a los magistrados que hay un tema prioritario como el de la controvertida reforma a la justicia, aunque expresó que no podía hablar con ellos de esto debido a que la Corte Constitucional será juez en ese tema.
COLOMBIA NECESITA TENER POR LO MENOS MIL JUECES PARA DESCONGESTIONAR DESPACHOS: CONSEJO DE ESTADO
El Presidente del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo manifestó que la principal preocupación es la enorme cantidad de procesos represados en la justicia colombiana e indicó que se están buscando salidas a esta situación.
“Esa es la principal preocupación que nosotros registramos y hay alguna angustia con la hemos trabajado durante estos últimos años, es esa enorme cantidad de procesos represados de los cuales somos la primera víctima”, subrayó.
Agregó que una administración de justicia tiene que ser pronta, efectiva y ágil.
“Nuestras propuestas siempre han estado encaminadas a darle salida a esos proyectos o a esos procesos”, afirmó.
Explicó que hoy en promedio la productividad de la rama judicial está en el 110 por ciento y se están evacuando casi todos los procesos anualmente.
De acuerdo con Fajardo se tiene que examinar con detalle el número de jueces que requiere del país y sería necesario que se lleguen a mil con el fin de atender los requerimientos de la Nación.
“Nosotros hoy en el país no tenemos en la jurisdicción de lo contencioso administrativo no tenemos si no 257 jueces que cumplen una labor muy importante pero insuficientes”, comentó.
Según el Presidente del Consejo de Estado en estos momentos no se alcanza a un juez por cada municipio e indicó que están dispuestos a estudiar alternativas que conlleve a la administración de justicia.
Finalmente afirmó que el país no llega a un juez por cada 100 mil habitantes y esto muestra que estamos muy por debajo de cualquier estándar internacional.
GOBIERNO DICE QUE HAY 800 NOTARIOS LISTOS PARA ASUMIR FUNCIONES DE JUECES
El Ejecutivo confía en que entre notarios y abogados se puedan sacar adelante más de 2 millones de casos si se les otorgan funciones de jueces por dos años para este fin a través de la reforma judicial.
El superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, señaló que hay 872 funcionarios que pueden asumir estas funciones por un tiempo no superior a dos años para resolver algunos de los 2 millones de procesos judiciales que hay en los despachos.
Así mismo, Vélez recordó que en algunos casos ya tienen funciones de jueces, como en los matrimonios o en las sucesiones.
El funcionario adelantó que en octubre culminará el proceso de selección de nuevos notarios y entrarán 159 más a la carrera.
EXPRESIDENTE URIBE PROPUSO REFORMA CONSTITUCIONAL PARA "RECUPERAR A LAS FUERZAS ARMADAS DEL DESESTIMULO"
El expresidente Álvaro Uribe propuso de nuevo una “una Reforma Constitucional que recupere a las fuerzas armadas, del desestimulo por el que atraviesan”.
“Sería importante, que el Congreso de la República y el Gobierno Nacional pensaran en una Reforma Constitucional de tan solo dos puntos”, dijo el exmandatario al recibir anoche un homenaje de los comerciantes antioqueños agremiados en Fenalco.
Agregó que el primero de esos puntos, sería uno que conceda el beneficio de excarcelación a todos los militares que están en la cárcel por hechos relacionados con la recuperación del Palacio de Justicia, después de la ocupación que hizo el M 19.
En segundo lugar y como un gesto de confianza, propuso crear una Jurisdicción Especial y Transitoria, para que revise todas las sentencias condenatorias y los integrantes de las fuerzas armadas, por hechos en un período de tiempo, que no precisó en su exposición.
“Por supuesto, todos queremos paz completa en Colombia, pero la paz nace en la seguridad”, dijo el señor Uribe Vélez y señaló que recientemente, algunos ciudadanos de Norte de Santander, le denunciaron que la guerrilla ha vuelto a cruzar de Venezuela hacia Colombia para hacer daños y retornar a esconderse en el vecino país.
Consideró que ha encontrado gran desestimulo en las fuerzas armadas que no entiende cómo mientras hay actos terroristas en el país, en algún sector del Gobierno, de la coalición política, están insistiendo en un proceso de diálogo.
Para el expresidente Uribe, mientras los terroristas derraman el país en sangre, la única respuesta tiene que ser enfrentarlos y la única forma de ofrecerles diálogo, debe ser cuando ellos saquen bandera blanca.
EL NUEVO SIGLO
NI EL PROCURADOR COMULGA CON LA CADENA PERPETUA
En desacuerdo con la implementación de la cadena perpetua se mostró ayer el procurador Alejandro Ordóñez.
El funcionario consideró que “la cadena perpetua ya existe. Una pena de 60 años es implícitamente un término del cual los condenados no lograrán salir y terminarán sus días en la cárcel”.
El procurador Ordóñez explicó, además, que la aprobación de la cadena perpetua no tendría el efecto que supuestamente se pretende: “Las duras penas que existen son suficientes para castigar esos delitos. Si usted comete un delito contra un menor, esa pena no tiene rebaja”.
La víspera, también la fiscal Viviane Morales se manifestó en desacuerdo con el proyecto que convoca a un referendo para implementar la cadena perpetua: “Creo que eso le quita coherencia a nuestro sistema penal”, señaló la directora del ente acusador; “etendemos que hay que luchar para proteger a los niños pero eso no es sinónimo de imponer la cadena perpetua por Constitución”.
La promotora de la iniciativa, la senadora Gilma Jiménez, del Partido Verde, respondió el martes las críticas y dijo que hay que respetar la decisión ciudadana de convocar un referendo: “Yo respeto infinitamente las personas que no están de acuerdo con la iniciativa, pero lo que no pueden desconocer las instituciones ni las personas, es el derecho que tenemos los colombianos de modificar, mediante un referendo de iniciativa popular, una artículo de la Constitución. Son más de dos millones de colombianos los autores de esta iniciativa. Yo los invito a que hagan la campaña por el no”.
Como lo ha venido reseñando EL NUEVO SIGLO, la iniciativa cuenta para su tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara con dos ponencias negativas suscritas por tres de los ocho ponentes.
Se trata del proyecto de ley número 260 de 2011 Cámara – 206 de 2010 Senado, “por medio de la cual se convoca a un referendo constitucional y se somete a consideración del pueblo un Proyecto de reforma constitucional” que no se pudo votar el martes por falta de quórum y que volverá a ser considerado el martes.
Dado que la iniciativa ya tambalea y cada vez es más alta la posibilidad de que se hunda, sus promotores están estudiando un “plan b”, según lo comentó el representante Simón Gaviria, del Partido Liberal, actual presidente de la Cámara.
De acuerdo con Gaviria, los promotores del referendo estudian la posibilidad de presentar un proyecto que establecería medidas como el registro público de violadores para “que las personas que tengan un historial de abusar sexualmente de los niños tengan restricciones laborales, que no puedan estar a cargo de niños”; también se crearía la figura de espacios seguros para resguardar a los niños de quienes hayan violado a otros menores.
ARANCEL JUDICIAL GANÓ DECISIVA BATALLA
La Corte Constitucional dictaminó en esta oportunidad que dicha ley no violó la Constitución al no haberse tramitado como una ley estatutaria.
UNA SEGUNDA batalla ganó la norma que contempla el gravamen judicial en la Corte Constitucional.
El alto Tribunal dictaminó que la ley no violó la Constitución al no haberse tramitado como una ley estatutaria.
“Al cargo por desconocimiento de la reserva de ley estatutaria, la Corte siguió la línea jurisprudencial reiterada, según la cual, el mandato del artículo 152 de la Constitución, “en el sentido que la administración de justicia sea desarrollada por el legislador a través de una ley estatutaria, no implica que absolutamente todas las situaciones puntuales relacionadas con esta materia deban desarrollarse siguiendo este procedimiento calificado”. Sólo en la medida que la regulación legal toque con la estructura básica de la administración de justicia, con sus principios fundamentales o aspectos que le sean sustanciales como rama del poder público, requerirá sujetarse al trámite especial de una ley estatutaria”.
“La regulación del Arancel Judicial no es materia sometida a reserva de ley estatutaria, en la medida en que su contenido no se refiere a la estructura orgánica esencial de la administración de justicia o a sus principios fundamentales”, dice el fallo.
Según la alta Corte, “el legislador puede regular o modificar su configuración mediante ley ordinaria, teniendo en cuenta los parámetros formales y sustanciales dispuestos para la expedición de ese tipo de normas y en todo caso, sin que la configuración del arancel represente una limitación irrazonable del derecho de acceso a la administración de justicia, o se constituya en una barrera infranqueable del mismo”.
De otro lado, el máximo tribunal guardián de los derechos fundamentales, tampoco tuvo en cuenta la solicitud de declarar inexequible la facultad que se le dio al Consejo Superior de la Judicatura para administrar, gestionar y recaudar el arancel. La demanda argumentaba que esta facultad vulnera el principio de separación de poderes públicos, pues la competencia para administrar y recaudar dicho gravamen, “es exclusiva del Ejecutivo y no puede ser asumida por un órgano que sólo cumple funciones judiciales, como es el caso del mencionado Consejo.”
No obstante, la Corte dictaminó que “el demandante no expone un argumento que muestre de qué forma el artículo 12 vulnera el principio constitucional de separación de poderes. La mera afirmación de que este principio ha sido violado porque se le confirió a una entidad una competencia en relación con el arancel judicial y no a otra, no constituye un argumento de constitucionalidad. Máxime si tal competencia le ha sido otorgada a un fondo-cuenta adscrito al Consejo Superior de la Judicatura que hace parte de la Rama Jurisdiccional. Ni siquiera en aquellos casos en los que una función claramente relacionada con una rama del poder, se asigna a otra rama, la sola constatación de ello no basta para demostrar la violación del principio de separación de poderes, pues en virtud de la colaboración armónica entre éstos, es probable que desempeñen, razonablemente ciertas funciones propias de otra rama”. En consecuencia, la Corte procedió a inhibirse de emitir un fallo de mérito sobre estos cargos.
En concepto rendido el pasado 30 de marzo, el procurador Alejandro Ordóñez había pedido a la Corte Constitucional declarar la norma exequible.
Ya el alto Tribunal había estudiado otra demanda contra la ley, porque presuntamente violaba el derecho a la administración de justicia al imponer un impuesto en todos los procesos civiles, comerciales y contencioso administrativos, cuando el monto de las pretensiones se haya estimado en una cifra igual o superior a 200 salarios mínimos legales mensuales. En esa oportunidad la norma también fue declarada exequible.
PRÓXIMA SEMANA VOTAN CONCILIACIÓN QUE PENALIZA DISCRIMINACIÓN
Solo hasta el próximo miércoles se podrá votar en Senado el texto conciliado del proyecto de ley por medio del cual se penalizan los actos de racismo y de discriminación.
El martes pasado la comisión de conciliadores del proyecto, integrada por cuatro senadores y cuatro representantes a la Cámara, radicó el informe de conciliación ante las presidencias de Senado y Cámara, y ayer fue anunciado en la plenaria de la Cámara, mas no en la plenaria del Senado que levantó su sesión.
En consecuencia, el martes la conciliación podrá ser votada en la plenaria de la Cámara, mientras que en Senado será apenas anunciada para luego ser votada el miércoles.
La comisión accidental de conciliadores logró el consenso por parte de siete de sus ocho integrantes en cuanto a adoptar el articulado que aprobó la plenaria de la Cámara de Representantes el pasado 30 de agosto.
La iniciativa en su articulado original contemplaba la penalización contra actos de discriminación racial, y así fue aprobado en sus dos debates en Senado; sin embargo en Cámara se incluyó que se penaliza a quien discrimine en razón de raza, etnia, sexo, orientación sexual, filosófica o política.
El proyecto modifica el Código Penal agregando al mismo el artículo 134A, el cual señala: “Actos de racismo o de discriminación. El que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, incurrirá en prisión de 12 a 36 meses y multa de diez a 15 salarios mínimos legales vigentes”.
Igualmente el proyecto establece que el Código Penal tendrá un artículo 134B, el cual señala que el que promueva o instigue actos de hostigamiento orientados a causarle daño físico o moral a una persona o a un grupo de personas por razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual incurrirá en prisión de 12 a 36 meses y multa de de 10 a 15 salarios mínimos mensuales vigentes.
CONGESTIÓN AHOGA LA JUSTICIA
GABRIEL MELO GUEVARA
Mientras los despachos judiciales colombianos sigan atascados por la acumulación de expedientes, no habrá justicia pronta ni cumplida.
Tenemos excelentes jueces. Trabajan intensamente. Son valientes, caen en atentados personales y en sacrificios colectivos sin que la violencia los intimide.
Sin embargo, la justicia es lenta. Y justicia tardía no es justicia. Durante siglos se ha repetido que cojea pero llega. Aquí cojea y no llega ni llegará si no erradicamos la congestión.
Obsesionados por perfección normativa, los legisladores reforman códigos pensando que al cambiar unos textos por otros arrancará el motor. Pero todo sigue igual o peor, pues aunque la ley rebaje los plazos para practicar pruebas o dictar sentencia, los términos no se cumplen cuando lo ordena el parágrafo sino cuando buenamente se puede.
Tampoco es cuestión de remuneraciones adecuadas, en lo cual se avanzó, ni de dotaciones apropiadas, en lo que también se progresa, pues los efectos benéficos de asignarles sueldos respetables a los jueces, entregarles computador y usar software especializado solo penetran en mínima parte la gruesa muralla de la congestión.
Si no hay un ataque frontal a la congestión, los otros remedios serán meritorios pero insuficientes. Nueve mil quinientos expedientes que ingresan cada día atascan la rama judicial, y no hay cómo seguir su ritmo porque ningún juez está en capacidad de fallar, ni bien ni mal. Dos millones trescientos cincuenta y cuatro mil quinientos cuarenta procesos con que comenzó el año 2011 son un peso demasiado grande para el sistema jurídico vigente y para su estructura judicial.
Las reformas judiciales apenas arañan la superficie del problema y si el país no entiende que situaciones críticas, como la de nuestra justicia, exigen soluciones fuera de lo tradicional, estamos condenados a no tener justicia. Y si no hay justicia no hay país.
La acumulación de fracasos nos obliga a buscar salidas audaces. Podría, por ejemplo, habilitarse a juristas de probadas calificaciones para que actúen como jueces, en los casos que se les asignen, utilizando su montaje profesional y supervisados por antiguos magistrados de reputación impecable. O asignarles a los consultorios jurídicos de las universidades el trámite de procesos de cuantías menores, incluyendo el proyecto de sentencia, que sería revisada y expedida en firme por magistrados designados para esa función específica. O incorporar a cada despacho el número de jueces y magistrados auxiliares que sea necesario para ponerlo al día, con una logística ágil que permita iniciar labores sin demora.
Si esperamos hasta cuando el sistema que condujo a la congestión se vuelva por sí solo descongestionador, la justicia seguirá cojeando más y llegando menos.